Poggi dispuso que los funcionarios del Gobierno deberán someterse a exámenes toxicológicos anuales
El gobernador instauró la medida por decreto luego de que no se alcanzara consenso en la Legislatura para sancionar una ley de narcostest a autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado para detectar el uso de drogas ilegales.
El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto que establece la obligación para el personal superior y de gabinete dependiente del Poder Ejecutivo de realizar un examen toxicológico anual preventivo con el fin de determinar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales mientras se desempeñan en la función pública.
El anuncio lo formalizó hoy durante la conmemoración del 40° aniversario de creación de la división de Toxicomanía y el 10° de jerarquización estratégica como lucha contra el narcotráfico de la Policía.
“Me hubiese gustado que sea una ley para que sea obligatoria para los tres poderes del Estado. No se lograron los consensos para que sea ley”, manifestó Poggi durante el acto en la Casa de Gobierno y ubicó la medida como una acción que se enmarca en la lucha contra el narcotráfico.
“Esto tiene que ver con la ejemplaridad y la coherencia que deben tener quienes ejercemos políticas públicas como parte del Estado en combatir el uso y el abuso de drogas ilegales, la ejemplaridad y la coherencia de quienes ejercemos un cargo público en combatir el mercado que se genera con la venta de drogas, en aquellas personas que tenemos lugares de decisiones de poder, que nuestras decisiones no se vean condicionadas, sino que se puedan tomar en libertad, sin estar influenciado por el consumo o el vínculo con la droga ilegal”, sostuvo el gobernador.
El examen será obligatorio para el gobernador, ministros, secretarios, directores, subdirectores, jefes de área y los agentes que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a estos cargos. Alcanza al jefe de la Policía y el subjefe; el director y el subdirector del Servicio Penitenciario, funcionarios políticos designados en organismos descentralizados, organismos desconcentrados, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto. (Foto Aldo Marchiaro)
El control se implementará a partir de los 90 días de promulgación del decreto. Se realizará aleatoriamente mediante un procedimiento que garantice la transparencia e igualdad de tratamiento en la selección de los funcionarios. En caso de ser positivo “va a cesar en la función”, comunicó el gobernador.
“En el personal de la Salud pública, el personal policial y el personal de la Penitenciaría, en donde detectado el caso con la reserva de la identidad que establece la ley, se aplicará en cada área la legislación vigente en lo que tiene que ver con su recuperación, licencia o las medidas que se tomen o que se deban tomar de acuerdo a la reglamentación de cada cartera, tanto la de Seguridad como la de Salud”, informó. En estos ámbitos serán aleatorios.
El gobernador explicó que “son controles para ayudarlos en su trabajo, se harán de una manera aleatoria, incluso podría ser por sorteo, con total reserva de identidad y evitando la discrecionalidad”.
Al iniciar la gestión Poggi impulsó el proyecto de ley de Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos de la Provincia presentado el año pasado por la diputada Marisa Patafio de Cambia San Luis.
Al no prosperar en la Legislatura, Poggi avanzó con la medida por decreto aplicándola en el ámbito del Ejecutivo. Invitó a los poderes Legislativo y Judicial.
La reglamentación específica va a estar a cargo de los ministerios de Seguridad y Salud, además de la secretaría de Control de Gestión y Ética Pública.
Acto en Casa de Gobierno.
Finalmente el gobernador dijo: “Estamos dando un paso muy importante en la lucha contra este flagelo, una lucha contra los que venden drogas ilegales; y estamos dando una lucha muy importante para cuidar a nuestra familia, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. La droga enferma a nuestros chicos y les complica la vida a las familias, porque un chico que está enfermo, cuando le falta dinero para consumir, hace cosas que no queremos que haga, entonces crece la inseguridad, es cada vez más violenta y tenemos que cortarla”.
Qué dice el decreto:
Artículo 1: establecer para el personal superior y de gabinete, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado Provincial, la realización obligatoria de un examen toxicológico preventivo con el fin de determinar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales inter dure su función pública.
Artículo 2: los funcionarios alcanzados por la presente ley son el gobernador, ministros, secretarios, directores, subdirectores, jefes de área y los agentes que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a los cargos mencionados, jefe de Policía de la Provincia y subjefe de Policía de la Provincia, director y subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, funcionarios políticos designados en organismos descentralizados, organismos desconcentrados, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
Artículo 3: el personal superior y del Gabinete de las distintas jurisdicciones que se encuentran en ejercicio de sus respectivos cargos deberán realizarse anualmente el examen respectivo en un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de la publicación del presente. El primer análisis, y aquellos designados con posterioridad a dicha publicación cumplir tal obligación en idéntico plazo a partir de la designación en el cargo.
El artículo 1 del presente decreto se hará extensivo al personal dependiente de la policía de la provincia, del Servicio Penitenciario, del Ministerio de Salud.
El examen se realizará aleatoriamente mediante un procedimiento que garantice la transparencia e igualdad de tratamiento en la selección de los agentes que deban someterse al mismo.